Las recomendaciones formuladas por el Subgrupo de trabajo de Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres son el producto de un proceso de seguimiento concertado entre actores del Estado −responsables de la respuesta− y de la sociedad civil organizada −representativa de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad− de las acciones de atención y protección a las personas adultas mayores y las personas con discapacidad implementadas por el gobierno del Perú en el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19.
Estas recomendaciones han sido posible gracias a un proceso concertado que involucró las siguientes acciones: empoderar a los grupos en situación de mayor riesgo para que promuevan una respuesta inclusiva, basada en la identificación de barreras, el conocimiento de las necesidades e impactos diferenciados y la implementación de medidas y servicios adaptados; convocar a representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y la Defensoría del Pueblo para que expongan las acciones implementadas para la protección y atención a personas mayores y personas con discapacidad en el contexto de la emergencia por COVID-19.
Después de la convocatoria de participantes, se propició un espacio de participación y colaboración entre representantes del Estado y de organizaciones de personas mayores y de personas con discapacidad para la discusión y análisis de la situación e impactos de la pandemia por COVID-19, que contribuyeron al diseño e implementación de medidas y servicios de protección y atención inclusivos y accesibles, que respondan a las características y necesidades diferenciadas de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad.
Gracias a ello se pudo elaborar y consensuar ocho recomendaciones para la respuesta a la pandemia. Ellas proponen a los encargados de las intervenciones públicas: mejorar los mecanismos de identificación de la población de adultos mayores y personas con discapacidad; priorizar la atención efectiva de los adultos mayores y personas con discapacidad en los diferentes servicios públicos de atención y programas sociales para la pandemia; asegurar que la comunicación e información que brindan los servicios le den al usuario una experiencia efectiva, eficiente y satisfactoria; incorporar un enfoque participativo efectivo en el manejo de la emergencia por COVID 19; y mantener actualizados los mecanismos públicos de transparencia y acceso a la información.
